22 de Marzo de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.
El debate sobre la ratificación, por parte del Congreso norteamericano, del TLC Colombia-E.E.U.U parece no tener fin. Luego de apresuradas negociaciones en las cuales el equipo colombiano entregó todo a cambio de nada (incluidas las denominadas “franjas rojas”) terminó la ronda de negociaciones en febrero 27 de 2006. El funesto resultado era algo anunciado por la Presidencia de la República: “Fue Colombia la mayor interesada en que comenzáramos las negociaciones para alcanzar un TLC con los Estados Unidos”[1]. A cualquier precio, faltó añadir.
Gracias a la resistencia y movilización de los pueblos colombiano y norteamericano, la tanda de negociaciones se prolongó más de lo normal y, lo más importante, se ha impedido que entre en vigor. El 6 de marzo de 2005 los indígenas del Cauca realizaron una consulta frente al TLC, la cual arrojó un rechazo unánime al Tratado. Análogos resultados se desprendieron de las consultas realizadas por estudiantes y por productores de clima frío. El gobierno de Álvaro Uribe ignoró olímpicamente estas genuinas expresiones democráticas y populares.
En maratónicas sesiones, la mayoría uribista del Congreso de la República de Colombia aprobó el TLC firmado entre los dos gobiernos, y la Corte Constitucional hizo lo propio, con salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. En sentido contrario, en abril del 2008 la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por 294 votos contra 195, envió el TLC al “congelador”. Que nadie se llame a engaños, los demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, salvaron al TLC, el cual, de haberse sometido a votación, se hubiese hundido debido a las contradicciones formales con George W. Bush.
EL gobierno de Obama ha hecho un sinnúmero de veces referencia a la necesidad de aprobar el TLC con Colombia, pero ha dejado muy en claro que su gobierno tiene otras prioridades, entre ellas el TLC con Corea del Sur y con Panamá. Afortunadamente meros “cantos de sirena” han resultado ser las declaraciones de legisladores, líderes políticos y miembros del gabinete de Barack Obama sobre brindarle “un nuevo aire” a este nefasto tratado.
En reciente visita a Colombia, el excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “sería una bofetada al Gobierno y los colombianos si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio”[2]. Lógicamente su interés se reduce a utilizar el TLC como mecanismo para contrarrestar, así sea sutil y momentáneamente, los efectos de la más grave crisis originada en el país, cuyo costo se ha cargado sobre los hombros de los menos favorecidos, y que se ha extendido por todo el globo llevando a la tumba a las economías más dependientes de la dinámica comercial y monetaria de Estados Unidos. Esta percepción es propia de la dogmática ideología neoliberal, quien ve en el libre y anárquico desarrollo de las fuerzas del mercado el súmmum de la política económica moderna, ignorando la realidad.
Las revelaciones de los cables diplomáticos expuestos por Wikileaks confirman lo que todo el mundo sabía: Estados Unidos utiliza su diplomacia y sus embajadas como frentes y comandos de batalla, prestos a cualquier acción para llevar a feliz término sus intereses. En las recientes revelaciones realizadas por El Espectador[3] con respecto a Colombia se muestra de manera clara el servilismo de nuestra dirigencia y la intromisión del gobierno estadounidense hasta en los menores asuntos internos. Las relaciones de dominación, de dependencia, de sometimiento, de explotación, son la verdadera bofetada a nuestro país.
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