CIENCIA Y TECNOLOGÍA: NI LO UNO NI LO OTRO.

Noviembre 27 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

El problema del desarrollo científico y tecnológico es una constante en todos aquellos que apuntan al progreso incesante de la humanidad y a la optimización del uso del medio circundante para beneficio de todo el conglomerado social. Lógicamente, este problema no será resuelto únicamente con espíritus investigativos, ideas innovadoras ni buenas intenciones. Parte mayúscula de este problema se zanja con una fuerte y decidida inversión presupuestal estatal.

Fernando Chaparro, quien fue director de Colciencias, señaló que para el año 2008, Colombia invirtió el 0,18% del PIB en el componente de ciencia y tecnología, siendo de los más bajos del continente y del concierto mundial. Mientras tanto Brasil invirtió el 1,30% de su PIB; Chile el 1,15%; Argentina el 1%; México el 0,85; USA el 2,8%; Japón el 3%; la Unión Europea el 2,3%; y China el 2% de su PIB.[1]

El panorama se vuelve más sombrío si tenemos en cuenta que, durante cerca de diez años, el presupuesto de Colciencias decrecía. Para la muestra, en el año 1999 se proyectaron $163 mil millones de pesos de presupuesto para Colciencias, pero Planeación Nacional sólo le asignó $38 mil millones, la cuarta parte.[2]

Mientras que en el año 2009 el 0,4% del PIB, entre inversión pública y privada nacional, se destinó a ciencia y tecnología, el 14,2% se destinó a la “Seguridad Democrática”.[3] Libardo Sarmiento, consultor de la UNICEF, recalcó que Colombia invierte en promedio 60 millones de pesos en un soldado profesional y sólo 8 millones en un estudiante de universidad estatal.

Colombia y Estados Unidos tienen una diferencia de 115 veces en su PIB, pero en lo que respecta a ciencia y tecnología la diferencia asciende a 1.739 veces.[4] Lo anterior es una prueba fehaciente de que a nuestros gobiernos poco o nada les interesa este asunto. Más bien se han dedicado a explotarlo como “caballo de Troya” para impulsar medidas regresivas, que a la larga terminan afectando más que beneficiando.

El documento Conpes 3652 del 15 de marzo de 2010 le da concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por $50 millones de dólares, destinados a financiar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI.[5] De los $50 millones de dólares, el BID aportará $25 millones de dólares y el Banco Mundial otros $25 millones de dólares, proyecto que durará tres años. Pero para la inversión en investigación e innovación sólo se destinaron $17,91millones de dólares, el 34% del total. Una vez más un discurso maximalista y grandilocuente y unos hechos totalmente ineficaces que rayan en lo ridículo.

Es inconcebible que se hable de un marcado nuevo interés por la ciencia, tecnología e innovación de parte de estos gobiernos cuando la realidad refleja universidades estatales completamente desfinanciadas, inmersas en la llamada “Ley de quiebras”, que tienen que recurrir a recursos propios para poder mantenerse en pie; un Gobierno central que les adeuda a estos entes $600 mil millones de pesos, que bien podrían utilizarse en dotación y construcción de laboratorios, en financiación de la investigación, etc. Una vez más el discurso no concuerda con la realidad.

Irónicamente Colciencias tiene un fondo que se denomina “Francisco José de Caldas”. Es necesario recordar que la historia le atribuye a Pablo Morillo, “El Pacificador”, la frase “España no necesita sabios” para rechazar la petición de indulto de Caldas. Parece que día a día los gobiernos colombianos exclamaran “¡Colombia no necesita sabios!”

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[1] http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-173325.html

[2] http://aupec.univalle.edu.co/informes/feb99/investigaciones.html

[3] http://moir.org.co/DE-LOS-PREMIOS-NOBEL-Y-DEL-ATRASO.html

[4] http://moir.org.co/SOBRE-CIENCIA-Y-TECNOLOGIA.html

[5] http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=LBpEzwys1TY%3D&tabid=1063

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LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES

Noviembre 23 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven

Nuestro país atraviesa tiempos difíciles, eso es innegable. Las recientes inundaciones que se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional reflejan solamente la punta del iceberg de una Colombia sumida en la más grave crisis social, económica, política y ambiental de su historia.

Parte de esa crisis, representada en el déficit fiscal, el cual crece a un ritmo promedio de 8 billones de pesos anuales producto de la política de “confianza inversionista”, busca paliarla el gobierno de Santos a través del método más ruin posible: arrebatarle a departamentos, municipios y puertos sus derechos constitucionales sobre los recursos de regalías.

Independientemente de cualquier tecnicismo, las regalías son el precio que pagan las multinacionales por extraer nuestros recursos naturales no renovables, y llevárselos a sus países de origen. De lo anterior se desprende que las multinacionales se llevan nuestros recursos completamente regalados. Empresas como Drummond Inc., BHP Billiton, Xstrata, AngloGold Ashanti, Glencore, entre otras, han multiplicado sus ganancias hasta límites inconcebibles, mientras que la población de las zonas productoras ha multiplicado su miseria.

Los obreros representan el sector más avanzado de la sociedad, por lo tanto es su deber abanderar las luchas en defensa de los intereses y principios sobre los que se edificará una nueva sociedad. Para el tema que hoy abordamos, que es la defensa de las regalías, el deber anteriormente enunciado recae con mayor fuerza sobre los hombros de los trabajadores del sector minero-energético (que lógicamente incluye a los hidrocarburos), quienes han sido vilmente vapuleados, humillados y ultrajados, al igual que nuestra nación, por estas voraces multinacionales, a las que nada les interesa el destino de los colombianos.

Es por estas razones que a estos trabajadores, ampliamente conocedores del saqueo transnacional a nuestros recursos naturales y de la sobreexplotación de nuestra fuerza laboral, les corresponde ser los faros que guíen a la población en la defensa de sus regalías, y centren su objetivo en que las multinacionales paguen lo que en realidad valen nuestros recursos, con miras a que en el futuro sea el Estado colombiano quien autónomamente explote y utilice sus recursos naturales.

Ustedes, los que aún creen, los que aún se movilizan, los que su espíritu no envejece, los que no se han rendido ni se rendirán, es en ustedes en quienes las generaciones de colombianos desvalidos han depositado su confianza y esperanza. Son ustedes quienes devolverán la dignidad a nuestra patria. ¡Luchemos sin tregua!. 

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CONSOLIDANDO UNA VERDADERA UNIDAD NACIONAL

Noviembre 4 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven

En un acto de marrullería (“picardía” lo llamarían ellos), el gobierno de Juan Manuel Santos se autoproclamó como el gobierno de la “Unidad nacional”. Se declararon por fuera de ella partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo, el único en declararse en franca y abierta oposición, además de movimientos sociales, indígenas, ambientales y estudiantiles. Es decir, una gran franja de la población colombiana piensa diferente y rehúye cualquier clase de entrega o sometimiento a la “manguala nacional”.

La autoproclamada unidad generó una oleada de ilusiones entre la opinión pública nacional sobre las bondades del nuevo gobierno y su distanciamiento con el gobierno de Álvaro Uribe. Las medidas cosméticas adoptadas por el gobierno de Santos habían logrado distraer y desorientar a cierta parte de analistas y a un sector de la población. Pero lo cierto es que dicho embrujo duró muy poco.

Medidas como mantener al actual director general del DAS, ente responsable de una amplia campaña de persecución a los contradictores del gobierno; el mantenimiento hasta último momento (hasta que tuvo que ceder) de la terna para Fiscal General de la Nación; el impulso a la reforma de la Ley 30 para recortar presupuesto a las universidades públicas; los atropellos cometidos por la Fuerza Pública en Arauca y otras regiones; la ley de primer empleo; la sostenibilidad fiscal que convierte en viles mercancías los más elementales y necesarios derechos de los seres humanos; y el raponazo a municipios, departamentos y puertos de sus regalías, son sólo algunos de los ejemplos.

El proyecto de Acto Legislativo 013 que expropia las regalías a departamentos, municipios y puertos, con el objetivo de centralizarlas bajo el control absoluto del Gobierno nacional, contrariando la tan cacareada descentralización, ha generado una masiva y contundente respuesta de los afectados por la defensa de lo que les pertenece. Esto ha llevado a la necesidad de unificar la resistencia civilizada a nivel nacional.

Dándole solución a dicho objetivo, una delegación de diputados del Meta hizo presencia en el Cesar, compartiendo ideas, unificando criterios y programando actividades conjuntas con los miembros del comité cívico Cesarenses por la Defensa de las Regalías, con un éxito rotundo y logrando cohesionar aún más a todos los sectores nacionales erguidos en bravía resistencia.

“Buscamos la hermandad para poder hablar el mismo idioma y enviar el mensaje a todos los colombianos, y al Gobierno nacional de que no estamos de acuerdo con este Acto Legislativo” señaló el presidente de la Asamblea departamental del Meta, Alexander Patiño.

También el Comité Cívico del Cesar, integrado por el gobernador, los diputados, partidos políticos, candidatos, jóvenes, gremios, personalidades y demás, reafirmó su compromiso de no cejar en el esfuerzo conjunto por defender la participación que actualmente poseen los entes territoriales sobre los recursos de regalías, teniendo muy claro que la verdadera equidad sólo se dará cuando las multinacionales paguen lo que de verdad valen nuestros recursos naturales no renovables.

Según Carlos Osorio, diputado del Meta, “las regalías no son otra cosa que el desarrollo del departamento”, las cuales, en muchos casos, se convierten en el único sustento de municipios; en el porcentaje más amplio de los presupuestos de los departamentos productores; y en la única posibilidad de acceso a ciertos beneficios a la población más vulnerable. “El acto legislativo no tiene razón de ser, porque quiere llevarse la plata y dejarnos los problemas a nosotros”, reafirma el diputado Osorio, refiriéndose al fuerte impacto ambiental y social que se vive en las zonas productoras.

Las ultimas palabras que dirigió el diputado Carlos Osorio a los reunidos es un claro reflejo de la valerosa actitud que guía a aquellos que en defensa del interés nacional rechazamos esta intentona de Santos: “Por eso estamos organizados, definidos y estamos prestos a ir hasta las últimas consecuencias para que el gobierno nacional no se lleve las regalías”. El gobierno está en preaviso y tengan la certeza de que no desistiremos.

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REGALÍAS Y EDUCACIÓN

Octubre 28 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven

Juan Manuel Santos, como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, gestó el primer raponazo a municipios y departamentos en el siglo XXI. Fue en el año 2001 cuando se dio el primer recorte a las transferencias territoriales por un total de 27 billones de pesos a través del Acto Legislativo 01 de 2001. Esto se repitió en el año 2007 por medio del Acto Legislativo 04 de 2007, que recortará las transferencias hasta el año 2016 por un monto estimado en más de $50 billones de pesos. Los recortes se dieron con el único fin de satisfacer los intereses extranjeros, abonando gran parte de estos recursos para el pago del servicio de la deuda externa, la cual, paradójicamente, no disminuye, sino que aumenta día a día y hoy se contabiliza en US$54.946 millones.

La educación fue uno de los sectores más golpeados con estos recortes, los cuales significaron una palada de arena más en la sepultura definitiva de una educación pública y de calidad.

No contentos con lo anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos planea un nuevo despojo a los entes territoriales por la vía de arrebatarles el control sobre los recursos de las regalías. A través de un proyecto de Acto Legislativo (013 de 2010), busca modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política para excluir a departamentos, municipios y puertos marítimos y fluviales del usufructo de los recursos de las regalías. Este rubro, del que serán expropiadas las regiones, no integrará el Presupuesto General de la Nación, y por ende el Congreso de la República no podrá ordenar su gasto. Este dinero será utilizado al antojo del Gobierno Central, especialmente para paliar el déficit fiscal, fruto de la “Confianza Inversionista”.

En el año 2009, en el departamento del Cesar, con dineros de las regalías, se invirtieron $7.269 millones de pesos en educación; a junio del 2010 esa cifra asciende a $4.056 millones de pesos. Además de lo anterior, a través de la Ordenanza 005 de abril de 2008, la Asamblea Departamental creó el Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior “Fedes-Cesar”, con el objeto de “brindar apoyo a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para adelantar estudios formales de educación superior de pregrado en los niveles: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para estudiantes matriculados en instituciones oficiales que oferten programas para cursar en el Departamento del Cesar”.

A través de “Fedes-Cesar” se otorgan subsidios a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 por un 70%, 60% y 50% del valor total de la matrícula, respectivamente, y créditos a los estratos 4, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos destacado rendimiento académico. Desde el 2008 hasta el primer semestre del 2010 se han adjudicado más de 25 mil becas entre las instituciones públicas de educación superior como son la UPC, la UIS, la UNAD, la ESAP, la Universidad de Pamplona y la Universidad de Magdalena. Para este año se han invertido cerca de $6.700 millones derivados de regalías del carbón para financiar “Fedes-Cesar”, siendo ésta su única fuente de financiación. Se prevé que para el 2011 se adjudicarán 14 mil becas anuales con una inversión de $7 mil millones de pesos.

Queda claro que de cristalizarse este raponazo, no sólo desaparecerá “Fedes-Cesar”, sino también el resto de renglones de inversión. Esta será la estocada definitiva contra departamentos y municipios. Después sólo nos quedarán los socavones y el fuerte impacto ambiental y social.

Por lo tanto, sólo nos queda luchar, enfrentarnos de forma civilizada, pero abierta y directa frente a esta nueva intentona del gobierno contra departamentos y municipios. Tengan la plena seguridad que todos, unidos y organizados, derrotaremos tan viles pretensiones.

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BASES GRINGAS EN COLOMBIA: “YES, WE CAN”

Octubre 20 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven

Recientemente fue dada a conocer la noticia en la cual el subsecretario de Defensa de EE.UU., Frank Mora, declara que el  “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, más conocido por autorizar la instalación de siete bases militares norteamericanas en suelo patrio, aún es importante para el gobierno de los Estados Unidos, ya que, según él “institucionaliza la relación en temas de defensa entre ambos países.”[1] Y añade “Es cierto que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo, pero una parte importante de una relación que se sigue fortaleciendo, es formalizarla. Eso, además, le da más transparencia. Es un paso importante para la relación bilateral”.[2]

Estas declaraciones coinciden con las entregadas a mediados de agosto por el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. Crowley señaló que la administración Obama espera que el gobierno de Juan Manuel Santos  "tome los pasos apropiados para asegurar que se pueda preservar el acuerdo bilateral".[3]

La Corte Constitucional de Colombia declaró que el acuerdo en mención “no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política”. [4] A ojos de la Corte es claro que el manido argumento de la mera extensión de acuerdos ya celebrados es totalmente falso. Por eso fundamenta que “examinado el Acuerdo Complementario, la Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como tratado internacional, esto es, sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional”.[5] A través de estos argumentos, y por amplia mayoría, por medio del auto 288 de 2010, cuyo magistrado ponente fue Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte resolvió declarar la inexistencia del precitado acuerdo.

Es notorio el profundo deterioro del papel predominante de USA como potencia. Actualmente atraviesa la más grave crisis financiera de su historia, que ha arrasado con un significativo número de puestos de trabajo, ha aumentado el déficit fiscal y comercial y ha llevado a que el gobierno gaste cuantiosas sumas de dinero en dudosos “planes de salvamento” que han sido cargados en los hombros de los norteamericanos más pobres. Por esto el 81% de los norteamericanos cree que la economía va mal, de estos, el 53% culpa a Bush, el 33% a Obama, y el resto considera que ambos tienen la culpa.[6]

Además de lo anterior, sostiene guerras por doquier en el globo, las cuales se han constituido en sonoros fracasos, como es el caso de Afganistán (“la tumba de los Imperios”) en dónde los talibanes controlan más del 75% del territorio y poseen mayor experiencia y capacidad militar.[7] A lo cual se le debe sumar las más de 800 bases militares de su propiedad que sostiene por todo el mundo con claros fines intervencionistas y, lógicamente, en detrimento de la soberanía territorial y militar de los Estados respectivos.

¿Por qué Estados Unidos persiste en instalar siete bases militares en nuestro territorio a pesar de todos sus descalabros? Aurelio Suárez, en su libro “Confianza inversionista. Economía colombiana, primera década del siglo XXI” explica que el Departamento de Estado de Estados Unidos, so pretexto del Plan Colombia, había celebrado contratos a junio de 2003 por un monto de $150 millones de dólares. También demuestra el autor en su obra que al Plan Colombia USA sólo aportó el 11% de los $58 mil millones de dólares entre 1999 y 2008, mientras que Colombia asumió el 89% restante.

Estados Unidos centra más del 80% de su PIB en el complejo militar industrial. Es por esto que al profundizar y generar nuevos conflictos a escala global busca paliar su crisis financiera dinamizando este componente. Al depender de esta explosiva fórmula, a la que debe sumársele la constante devaluación de su moneda, podemos avizorar que será insostenible y producirá resultados totalmente contraproducentes para USA en el mediano plazo. Se colige claramente que Estados Unidos es un país débil estratégicamente, agónico en sus entrañas. Su era de tropelías y dominación está próxima a derrumbarse.

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[1] http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8122288.html

[2] Ibídem.

[3] http://elespectador.com/noticias/politica/articulo-219729-eeuu-quiere-preservar-acuerdo-de-bases-militares

[4] Corte Constitucional de Colombia, Comunicado No. 40, 17 de agosto de 2010.

[5] Ibídem.

[6] Tomado de CNN en español.

[7] http://www.eltiempo.com/mundo/asia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8093620.html

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