Cartagena, 3 de febrero de 2016.
Sergio
Andrés Muñoz.
Twitter:
@sergioandresmn
Luego de que el
gobierno de Juan Manuel Santos regalara Isagén, tercera generadora eléctrica
del país y activo estratégico de la Nación, a la cuestionada firma Brookfield Asset Management, los colombianos
recibimos un nuevo golpe: la confirmación por parte de la Contraloría General
de la República de los multimillonarios sobrecostos en el proyecto de
ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena.
La Contraloría confirma
lo que desde muchos años atrás viene denunciando el senador Jorge Enrique
Robledo, del Polo Democrático, la Unión Sindical Obrera, USO, entre otros. Se
debe resaltar que este proyecto de Reficar inició mal al entregarla, en 2006, a
la Glencore, una multinacional suiza, cuya especialidad ha sido el carbón y no
el petróleo cediendo, una vez más, los principales activos de Colombia a los privados.
Posteriormente, en
2009, Glencore dejó tirado el negocio, generando un gasto a Ecopetrol por valor
de $541 millones de dólares, ya que ésta tuvo que recomprar la participación
accionaria de Glencore, luego de tres años en que la empresa suiza disfrutó de
todas las ganancias que pudo.
CB&I, una empresa
sin experiencia en la construcción de refinerías ni infraestructura petrolera
asume el proyecto de Reficar, generando sobrecostos del orden de los $4023
millones de dólares. El proyecto de Reficar originalmente estaba estimado en
$3993 millones de dólares, y terminó costando $8016 millones de dólares, lo
equivalente a más de $27 billones de pesos de hoy. Es necesario resaltar que
parte de estos sobrecostos se desprenden de la modalidad de contratación
denominada “costos reembolsables” que, en resumidas cuentas, daba a CB&I la
libertad de contratar con quien quisiera y por los valores que quisiera,
dejando a Ecopetrol la obligación de pagar las facturas. No menos grave es el
desplazamiento de mano de obra nacional por la extranjera, denunciada por la
USO, extranjeros a quienes se les paga hasta $15 mil dólares mensuales, en
promedio.
Quien hoy funge como
presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, fue Ministro de Hacienda al
hacerse evidentes los sobrecostos de Reficar. Su reemplazo, Mauricio Cárdenas,
fungía como Ministro de Minas. Ambos guardaron cómplice silencio ante la
gravedad de este hecho (ya que desde el año 2012 había evidencias de
sobrecostos por US$ 1.500 millones, y advertencias por dos informes de la
Contraloría), al igual que Juan Manuel Santos, quien jamás tomó medidas para
evitar que este robo se configurara sino que, por el contrario, ha sido
complaciente con estas multinacionales y su desfalco. No
contentos con lo anterior han anunciado la venta de Propilco S.A., que el año
pasado registró ventas por $1.35 billones de pesos.
El senador Robledo ha
sido enfático en señalar que “este puede
ser, en términos de pérdidas para Colombia (Ecopetrol), el mayor descalabro de
la historia del país”, por tanto, los colombianos debemos unirnos en el
clamor de exigir castigo para los responsables de este robo, y el pago a la
Nación de los sobrecostos y las pérdidas por su incumplimiento. El gobierno de
Juan Manuel Santos y su gabinete debe responder por su permisividad con estas
multinacionales que actúan claramente contra el bienestar de los colombianos.
Por último, debemos defender a Ecopetrol, patrimonio de los colombianos,
principal empresa pública de Colombia y cuarta mayor empresa petrolera de
América Latina, de las garras de quienes quieren entregárselas a los privados.
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