12 de febrero de 2011
Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.
La corriente económica predominante se caracteriza por favorecer exclusivamente al capital financiero en detrimento de la calidad, la estabilidad, la equidad y las finanzas públicas. Esa constante se trasladó a los servicios públicos, sector en el cual las ganancias se han multiplicado en beneficio de los monopolios, beneficiarios de jugosas exenciones en aras de atraer al capital foráneo. Los Planes Departamentales de Agua, la “optimización”, construcción y adecuación de acueductos y alcantarillados, pertenecen a esta dinámica, la cual convierte en vulgares mercancías los más esenciales derechos de la población.
Los habitantes de Valledupar soportan una gravosa carga tributaria. Las tarifas mensuales de los servicios públicos domiciliarios, privatizados en su gran mayoría, sumadas a los impuestos directos e indirectos, se han convertido para el 80% de los vallenatos en una extorsión irrenunciable.
Haciéndole eco a aquella frase que señala que “no hay nada tan malo que no pueda empeorar”, la Administración Municipal pretendía reducir sustancialmente los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto y alcantarillado. Bajo la fementida preocupación del gerente de EMDUPAR, Eduardo Becerra, por la supuesta posibilidad de que los subsidios desaparezcan, se oculta el malintencionado objetivo de reducir paulatinamente los subsidios con miras a cumplir las obligaciones financieras generadas a raíz del empréstito de más de 36 mil millones de pesos que hizo la actual Administración Municipal, comprometiendo para ello vigencias futuras del Sistema General de Participaciones.
El acuerdo No. 013 de 2008 estableció los porcentajes de los subsidios en 60%, 28% y 5% para los estratos 1, 2 y 3, respectivamente. El proyecto de Acuerdo que se debatía actualmente buscaba modificar lo anterior y disminuir los subsidios a 38%, 12% y 3,86% para los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior quiere decir que el estrato 1 pudo perder más del 27% de su subsidio; el estrato 2, el 58%; y el estrato 3 más del 24%.
El contrato de crédito de más de 36 mil millones, el que originó el desmonte de los subsidios, se encuentra suscrito entre el municipio de Valledupar y el Fideicomiso Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), el cual financia a 60 municipios en Colombia para los mismos fines. Y los financia bajo lo preceptuado en el Conpes 3385 de 2005: juntar varios municipios con un solo operador “para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. El fin último de este empréstito es generarle grandiosos dividendos al capital financiero, tan necesitado de ellos en la actual época de recesión. El Grupo Financiero de Infraestructura, en un arrebato de sinceridad, explica cómo funciona su gran negocio: “Este modelo consiste en otorgar créditos a largo plazo a las entidades territoriales, con el objeto que éstas puedan desarrollar sus necesidades de infraestructura básica. A su vez, los créditos son fondeados con instrumentos financieros colocados en el mercado de capitales. El servicio de la deuda contraída por las diferentes entidades territoriales será cubierto con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones del sector de agua y saneamiento básico. De esta manera se da respaldo y cubrimiento al pago de los instrumentos financieros. Este mecanismo no solo ofrece acceso a la financiación de proyectos de infraestructura, sino que también fortalece el mercado de capitales colombiano.”[i]
Quiere decir lo anterior que los recursos públicos serán utilizados para especular en los mercados internacionales. La mecánica del negocio es emitir bonos ordinarios y, por los recursos generados gracias a dicha emisión, otorgar préstamos a las entidades territoriales. Además de esto se hacen beneficiarios de los Patrimonios Autónomos de las entidades territoriales y con las ganancias atienden las obligaciones financieras de las mencionadas transacciones. En este siniestro engranaje podemos deducir fácilmente quiénes serán los damnificados. Una pista, no será GFI.
El rechazo de los valduparenses a la propuesta de desmontar los subsidios obligó a modificar el proyecto y a que éstos se mantengan intactos. Puede que en esta ocasión lo hayamos impedido, pero la esencia del negocio, cual es el entronque con el capital financiero internacional, permanece latente. Los serviles gobernantes buscarán cualquier tipo de medida para congraciarse, pero sobre todo para garantizar a los inversionistas foráneos la tasa de retorno convenida. En ese momento los más perjudicados serán los usuarios. Nuestra tarea es impedirlo.
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