Cartagena, 30 de diciembre de 2015.
Sergio
Andrés Muñoz.
Twitter:
@sergioandresmn
Uber, la aplicación que presta servicio de transporte,
anuncia que entrará a operar en Cartagena a partir del miércoles, tal como lo
reseñan la revista Semana y El Universal.[i]
Este anuncio de Uber es un reto más a las autoridades
colombianas y a nuestras leyes, autoridades que no han puesto en cintura a esta
aplicación, cuyo propietario es el gigante de la banca, Goldman Sachs, entre
otras instituciones poderosísimas.
Uber ha sido declarado ilegal en varios países del mundo
y en algunos, como Francia, sus directivos han sido llevados a la cárcel.
Dentro de las ilegalidades están actuar como empresa de transporte público,
porque autoriza vehículos, contrata conductores y fija tarifas; usar una
plataforma de comunicaciones en un negocio de taxis; imponer una competencia
desleal; y, como señala el senador Jorge Enrique Robledo, los directivos de
Uber, además, están incursos, en flagrancia, en el delito de usurpación de
funciones públicas –Artículo 425 del Código Penal–.[ii]
Si bien es cierto que el servicio de taxis en la ciudad
debe mejorar en varios aspectos, eso no puede servir como excusa para imponer
un servicio ilegal como Uber, el cual no paga los mismos impuestos y cuyas
ganancias se transfieren inmediatamente al extranjero, y que golpea a los
conductores y propietarios de taxis.
Cartagena vive un caos de movilidad por las pésimas
decisiones de las administraciones distritales, y del alcalde saliente,
Dionisio Vélez, quien, entre otras medidas, puso a funcionar el sistema de
transporte Transcaribe, sin que éste tenga las condiciones mínimas para entrar
en marcha. No hay patio portal, no se están chatarrizando los buses, no están
terminadas las estaciones, no hay semáforos ni puentes peatonales, apenas hay
cerca de diez buses en operación, etc.
Desde
la década de los 50, en Cartagena no se han construido nuevas arterias viales,
y carece de autopistas. Mientras tanto tiene aproximadamente 70 mil mototaxis y
registrados 96.905 vehículos, que obviamente son muchos más, ya que no está
incluidos el parque vial matriculado en otros municipios y ciudades. Debido a
esto Cartagena registra una de las velocidades promedio más bajas del país: 15
Km/hora.
Hacemos un llamado a las autoridades para que cumplan su
deber e impidan que esta ilegalidad anunciada tome forma, ya que atenta contra
los transportadores que cumplen a cabalidad la legislación colombiana, profundizará
el caos vehicular que sufre la ciudad, y premiará y acolitará las ilegalidades
cometidas por las grandes multinacionales, en un acto más de sumisión.
