Cartagena, 24 de febrero de 2016.
Sergio
Andrés Muñoz.
Twitter:
@sergioandresmn
Durante
cerca de 100 años la fundación de las clarisas y su huerto funcionó como
hospital universitario.[1] “En 1884 se trasladó allí(al Convento de
Santa Clara, actualmente Hotel Santa Clara)
el Hospital de Caridad, que venía funcionando en el convento de Santa Teresa, y
hasta 1923 fue atendido por las hermanas de La Presentación. A finales de ese
año, ya con administración laica, tomó el nombre de Hospital de Santa Clara,
sirviendo como enfermeras las hermanas de la Consolación”.[2] Posteriormente,
a mediados de 1975, nace el Hospital Universitario de Cartagena, adscrito a la
Universidad de Cartagena, ubicado en Zaragocilla. El Hospital Universitario de
Cartagena era el único hospital de tercer nivel de Cartagena de Indias.
En
el marco de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, ley concebida para
hacer del derecho a la vida y a la salud un negocio, la situación de los
hospitales públicos comienza a empeorar, y el Hospital Universitario de
Cartagena no es la excepción. En 1998 el HUC tuvo ingresos por $21,822 millones
de pesos y gastos del orden de los $23,919 millones, para un déficit de $2,098
millones; en el año 2000 sus ingresos fueron $22,650 millones de pesos, sus
gastos fueron $34,086 millones, y su déficit fue de $8,603 millones; por último,
en el 2002, los ingresos decrecieron a $8,065 millones, mientras que los gastos
ascendieron a $19,682 millones, para un déficit, en ese año, de $10,242 millones
de pesos.[3] Entre
1998 a 2002 los ingresos del Hospital Universitario de Cartagena tuvieron una
tasa de crecimiento negativa promedio por año de 22%, los gastos decrecieron al
5% promedio anual, y el déficit corriente creció durante este período a cerca
del 50% promedio anual.[4]
En
el año 2003, el Gobierno Nacional da la orden de liquidar las empresas del
Estado que no fuesen viables. La Superintendencia de Salud intervino al HUC. El
Hospital Universitario de Cartagena fue liquidado el 24 de julio de 2003, el
primer centro hospitalario y el primer hospital público de tercer nivel en ser
liquidado en el país. Tenía un déficit de cerca de $42 mil millones de pesos a
la fecha.
Posteriormente
fue creada la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe. En el 2006 el Hospital
Universitario del Caribe empezó operación, en esa anualidad, con un presupuesto
de ingresos y gastos estimado en $16,185 millones de pesos, que finalmente fue
de $19,569 millones en ingresos definitivos, $14,492 millones de ingresos
reconocidos, de los cuales fueron recaudados $10,119 millones de pesos. Los
egresos definitivos bordearon los $9,994 millones, los compromisos $7,189
millones, y se dio el pago de $4,276 millones. Para el 2007 se aprobó un
presupuesto de ingresos y gastos de $27.575 millones.[5] En el
2014, el HUC facturó $84.311.054.233, mientras que en el primer periodo de
2015, a corte 30 de junio, facturó $44.287.869.036, una variación del 5% con
respecto a la misma vigencia del año anterior. La cartera del Hospital
Universitario del Caribe crecía vertiginosamente: en el 2012 fue de $ 46.647 millones de
pesos; en el 2013 fue de $ 52.268 millones; en el 2014 escaló hasta los $
72.189 millones; y en
mayo de 2015 se ubicó en $71.376 millones de pesos.[6]
Tristemente
la historia que sufrió el Hospital Universitario de Cartagena podría repetirse.
Hoy la ESE Hospital Universitario del Caribe tiene un pasivo de aproximadamente
$78 mil millones de pesos, producto, mayoritariamente, de las deudas de las
parasitarias EPS. Hoy nuestro Hospital es víctima, principalmente, de la Ley
100 y del sistema de salud impuesto, el cual prioriza las ganancias por encima
de la vida y la salud, sumado a presuntos malos manejos y a la tercerización (outsourcing) de casi todos los servicios del hospital por
medio de contratos leoninos. Aplicar la Ley 550 (“Ley de Quiebras”) o la
intervención por parte del Gobierno Nacional no son soluciones válidas, sino,
por el contrario, el agravamiento de la crisis del HUC. La verdadera solución
es el pago de las deudas con el Hospital, la renegociación de los inequitativos
contratos de tercerización, a través de los cuales los privados se enriquecen a
costillas del hospital, y, a largo plazo, la derogatoria de la ley 100 y el fin
de las EPS. Las EPS, el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, la Gobernación de Bolívar, y los contratistas privados, someten
a una asfixia presupuestal al HUC para llevarlo a la quiebra, lo cual dejaría a
los estudiantes sin espacio para realizar sus prácticas académicas y a los
cartageneros y bolivarenses (entre ellos, el 80% del régimen subsidiado) sin el
único hospital público de tercer nivel que garantiza su vida y salud. Salvar al
HUC es un deber de todos.