martes, marzo 22, 2011

LA VERDADERA BOFETADA

 
22 de Marzo de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.


El debate sobre la ratificación, por parte del Congreso norteamericano, del TLC Colombia-E.E.U.U parece no tener fin. Luego de apresuradas negociaciones en las cuales el equipo colombiano entregó todo a cambio de nada (incluidas las denominadas “franjas rojas”) terminó la ronda de negociaciones en febrero 27 de 2006. El funesto resultado era algo anunciado por la Presidencia de la República: Fue Colombia la mayor interesada en que comenzáramos las negociaciones para alcanzar un TLC con los Estados Unidos”[1]. A cualquier precio, faltó añadir.

Gracias a la resistencia y movilización de los pueblos colombiano y norteamericano, la tanda de negociaciones se prolongó más de lo normal y, lo más importante, se ha impedido que entre en vigor. El 6 de marzo de 2005 los indígenas del Cauca realizaron una consulta frente al TLC, la cual arrojó un rechazo unánime al Tratado. Análogos resultados se desprendieron de las consultas realizadas por estudiantes y por productores de clima frío. El gobierno de Álvaro Uribe ignoró olímpicamente estas genuinas expresiones democráticas y populares.

En maratónicas sesiones, la mayoría uribista del Congreso de la República de Colombia aprobó el TLC firmado entre los dos gobiernos, y la Corte Constitucional hizo lo propio, con salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. En sentido contrario, en abril del 2008 la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por 294 votos contra 195, envió el TLC al “congelador”. Que nadie se llame a engaños, los demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, salvaron al TLC, el cual, de haberse sometido a votación, se hubiese hundido debido a las contradicciones formales con George W. Bush.

EL gobierno de Obama ha hecho un sinnúmero de veces referencia a la necesidad de aprobar el TLC con Colombia, pero ha dejado muy en claro que su gobierno tiene otras prioridades, entre ellas el TLC con Corea del Sur y con Panamá. Afortunadamente meros “cantos de sirena” han resultado ser las declaraciones de legisladores, líderes políticos y miembros del gabinete de Barack Obama sobre brindarle “un nuevo aire” a este nefasto tratado.

En reciente visita a Colombia, el excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “sería una bofetada al Gobierno y los colombianos si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio”[2]. Lógicamente su interés se reduce a utilizar el TLC como mecanismo para contrarrestar, así sea sutil y momentáneamente, los efectos de la más grave crisis originada en el país, cuyo costo se ha cargado sobre los hombros de los menos favorecidos, y que se ha extendido por todo el globo llevando a la tumba a las economías más dependientes de la dinámica comercial y monetaria de Estados Unidos. Esta percepción es propia de la dogmática ideología neoliberal, quien ve en el libre y anárquico  desarrollo de las fuerzas del mercado el súmmum de la política económica moderna, ignorando la realidad.

Las revelaciones de los cables diplomáticos expuestos por Wikileaks confirman lo que todo el mundo sabía: Estados Unidos utiliza su diplomacia y sus embajadas como frentes y comandos de batalla, prestos a cualquier acción para llevar a feliz término sus intereses. En las recientes revelaciones realizadas por El Espectador[3] con respecto a Colombia se muestra de manera clara el servilismo de nuestra dirigencia y la intromisión del gobierno estadounidense hasta en los menores asuntos internos. Las relaciones de dominación, de dependencia, de sometimiento, de explotación,  son la verdadera bofetada a nuestro país.


Share:

viernes, marzo 11, 2011

¿QUÉ TAN PÚBLICOS SON LOS SERVICIOS PÚBLICOS?




11 de marzo de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

El tema de los servicios públicos (en sentido amplio) ha generado fuertes controversias y cuantiosa bibliografía. Ha sido un tema cuya noción ha sufrido diversos cambios, principalmente por la política económica en auge en los respectivos momentos históricos en determinada ubicación geográfica.

Actualmente, la política neoliberal ha deformado la esencia de los servicios públicos, cual es garantizar los deberes del Estado hacia la sociedad con miras a cumplir sus fines esenciales. Y la ha deformado a tal punto que el rango de la circunferencia de los servicios públicos parece estrecharse sólo a los domiciliarios, y porque la prestación de los mismos, hoy día, excluye casi totalmente la participación estatal, dejando todo en cabeza de los particulares.

Lo que se presentó en la constitución de 1991 como una gran innovación y como la tabla de salvación para los usuarios y el Estado se ha convertido hoy en su más oscura pesadilla. Para darse cuenta de esto simplemente basta consultar a la gente del común, tan plagada de amargas experiencias con los operadores privados.

El artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos podrán ser prestados “indirectamente” por particulares. Este artículo, junto al régimen legal instaurado con base a lo que se preceptuó, dieron vía libre para que el Estado colombiano entregará a menosprecio sus empresas y activos; liquidara a las organizaciones de trabajadores, y así, los privados se pudiesen hacer a jugosos dividendos por la vía de encarecer en más de 220% el goce de dichos servicios.

Según nuestra normatividad “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente (la de los servicios públicos) a todos los habitantes del territorio nacional”. En la realidad el Estado se ha encargado de generar numerosas prerrogativas a las empresas privadas, y de desangrar paulatinamente a las pocas entidades públicas que aún superviven. Estas empresas privadas prestadoras de servicios públicos se encuentran inmersas dentro de los mercados de capitales internacionales y, precisamente, se nutren de las onerosas tarifas que cobran a los usuarios, y así mantener su orgía especulativa. Emiten bonos, compran otros, valorizan sus activos, comprometen sus ganancias futuras con diversas entidades financieras y, en caso de derrumbarse su castillo de naipes el Estado y los expoliados usuarios correrán en su salvación. Con cara ganan ellos, con sello perdemos nosotros.

Contrariando uno de los principios de la sentencia T-443 de 1992, las empresas privadas de servicios públicos privilegian a los sectores económicamente pudientes. Lo anterior quiere decir que el acceso a los mismos se fundamenta en la capacidad de pago, lo que conduce claramente a que los más pobres o no podrán acceder a los servicios públicos, o accederán a unos de pésima calidad.

En este punto es evidente que el abandono de los servicios públicos por parte del Estado ha redundado en el aumento de las necesidades básicas insatisfechas, de la pobreza y miseria, y de la indignidad e indignación de nuestros compatriotas. Los servicios públicos son un área estratégica, por esto los Estados serios no permiten que los particulares se inmiscuyan en tan sensible actividad. Todo lo contrario de lo que le exigen hacer a Colombia, y que nuestros gobernantes obsecuentemente aplican.

Por esto se hace necesario repensar el modelo político, económico y social que hoy nos rige. La realidad nos ha demostrado su fracaso y su exclusivo compromiso con la generación de ganancias exorbitantes para un puñado. Es urgente dotar al Estado con las herramientas indispensables para ejecutar, dirigir, mantener, intervenir, planificar y ejercer control sobre los servicios públicos y su prestación, en aras de garantizar el bienestar general producto de su goce. La participación de todos los ciudadanos es fundamental.
Share: