jueves, marzo 11, 2010

LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UPC: UN ACTO ANTIDEMOCRÁTICO



Marzo 11 de 2010

OCE - UNICESAR


El día 16 de febrero de 2010, en medio de la época de vacaciones estudiantiles y obviando la participación de los estamentos universitarios, fue designado como rector de la Universidad Popular del Cesar Raúl Maya Pabón, frente a lo cual realizaremos las siguientes observaciones:

1.            Es inapropiado pretender juzgar el accionar como rector de Raúl Maya, debido al brevísimo lapso de tiempo transcurrido desde su designación.

2.            Respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de designación, consideramos que estas son evidentes, violan básicos principios democráticos y riñen con la esencia de la Universidad. Algunas son:

¨                  El acuerdo vigente a la fecha de las elecciones “Por medio del cual se fija el procedimiento y requisitos para la designación del rector de la universidad Popular del Cesar, y se dictan otras disposiciones”, fechado el 11 de agosto de 2008, y que reemplaza al derogado Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004, señala en su artículo cuarto que “el Consejo Superior Universitario (CSU) fijará sesiones especiales para escuchar las propuestas de los aspirantes a ser designado rector, concediéndoles 15 minutos como máximo a cada aspirante para exponer su propuesta y 10 minutos adicionales para que este absuelva preguntas en caso de que la hubiere”. Dichas sesiones nunca se realizaron. Y para colmo, la suprimen en caso de que el número de aspirantes sea igual o menor a cinco, a través del parágrafo del artículo primero del acuerdo 004 de febrero 16 de 2010. ¡El mismo día que designan a Raúl Maya!

¨                  Las sesiones en las cuales se va a designar rector debe contener claramente, como punto en el orden del día, dicho tópico, dada su trascendencia. En la sesión del 16 de febrero de 2010 dicho punto no aparecía en el orden del día y, en contra de la normatividad, fue tocado en el punto de “Varios”.

¨                  El órgano competente para conocer y aprobar la renuncia de los candidatos a rectoría es el Tribunal de Garantías Electorales. De ellas sólo conocerá el CSU en segunda instancia. Por lo tanto no era el órgano competente para aceptar la renuncia del candidato Enrique Meza Daza.

¨                  Finalmente, luego de modificar sustancialmente el proceso de designación de rector a través del Acuerdo 004 del 16 de febrero de 2010, por medio del Acuerdo 005 de la misma fecha, designa el CSU a Raúl Maya como rector.

3.            Consideramos que la cuestión principal es la fórmula antidemocrática, impuesta a través de la Ley 30 de 1992 para la designación del rector, potestad dada por el artículo 65 al CSU, un CSU conformado mayoritariamente por representantes del Gobierno Central, tan dado a actuar en contra de los intereses nacionales.

Esta situación sólo cambiará de raíz hasta que, a través de la organización y portentosas movilizaciones, los órganos de dirección universitarios sean ocupados mayoritariamente por estudiantes y profesores; y no descansaremos en nuestra labor de repudio a los funcionarios impuestos hasta tanto ellos no sean electos directamente por los estamentos universitarios.

Tal como lo señala el profesor Luis Aurelio Ordóñez, vicepresidente de FENALPROU, “la autonomía para designar las autoridades académicas y administrativas, específicamente de los rectores, se niega sistemáticamente con mecanismos nada ajenos a prácticas clientelistas y politiqueras, que hacen prevalecer la mayoría gubernamental y de poderes externos, manipulando o desconociendo la voluntad colectiva y democrática de la comunidad universitaria”

4.            Tal como lo dijimos al principio, no juzgamos al actual rector por su recién iniciada gestión, pero su proceso de designación y su propuesta programática se constituye en un trágico presagio. La OCE continuará avante en su programa por la defensa de la educación pública, científica, democrática y de calidad; seguirá siendo guardiana de la dignidad de la UPC; permanecerá firmemente al lado de estudiantes, profesores y trabajadores; conservará las manos vacías para aplaudir los aciertos, y para cerrar y levantar el puño ante las traiciones a los intereses upecistas y nacionales. No renunciaremos jamás a construir una Universidad y una sociedad que valgan la pena.

He ahí nuestra posición.
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LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UPC: UN ACTO ANTIDEMOCRÁTICO


OCE - UNICESAR

Marzo 11 de 2010

El día 16 de febrero de 2010, en medio de la época de vacaciones estudiantiles y obviando la participación de los estamentos universitarios, fue designado como rector de la Universidad Popular del Cesar Raúl Maya Pabón, frente a lo cual realizaremos las siguientes observaciones:

1.            Es inapropiado pretender juzgar el accionar como rector de Raúl Maya, debido al brevísimo lapso de tiempo transcurrido desde su designación.

2.            Respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de designación, consideramos que estas son evidentes, violan básicos principios democráticos y riñen con la esencia de la Universidad. Algunas son:

¨                  El acuerdo vigente a la fecha de las elecciones “Por medio del cual se fija el procedimiento y requisitos para la designación del rector de la universidad Popular del Cesar, y se dictan otras disposiciones”, fechado el 11 de agosto de 2008, y que reemplaza al derogado Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004, señala en su artículo cuarto que “el Consejo Superior Universitario (CSU) fijará sesiones especiales para escuchar las propuestas de los aspirantes a ser designado rector, concediéndoles 15 minutos como máximo a cada aspirante para exponer su propuesta y 10 minutos adicionales para que este absuelva preguntas en caso de que la hubiere”. Dichas sesiones nunca se realizaron. Y para colmo, la suprimen en caso de que el número de aspirantes sea igual o menor a cinco, a través del parágrafo del artículo primero del acuerdo 004 de febrero 16 de 2010. ¡El mismo día que designan a Raúl Maya!

¨                  Las sesiones en las cuales se va a designar rector debe contener claramente, como punto en el orden del día, dicho tópico, dada su trascendencia. En la sesión del 16 de febrero de 2010 dicho punto no aparecía en el orden del día y, en contra de la normatividad, fue tocado en el punto de “Varios”.

¨                  El órgano competente para conocer y aprobar la renuncia de los candidatos a rectoría es el Tribunal de Garantías Electorales. De ellas sólo conocerá el CSU en segunda instancia. Por lo tanto no era el órgano competente para aceptar la renuncia del candidato Enrique Meza Daza.

¨                  Finalmente, luego de modificar sustancialmente el proceso de designación de rector a través del Acuerdo 004 del 16 de febrero de 2010, por medio del Acuerdo 005 de la misma fecha, designa el CSU a Raúl Maya como rector.

3.            Consideramos que la cuestión principal es la fórmula antidemocrática, impuesta a través de la Ley 30 de 1992 para la designación del rector, potestad dada por el artículo 65 al CSU, un CSU conformado mayoritariamente por representantes del Gobierno Central, tan dado a actuar en contra de los intereses nacionales.

Esta situación sólo cambiará de raíz hasta que, a través de la organización y portentosas movilizaciones, los órganos de dirección universitarios sean ocupados mayoritariamente por estudiantes y profesores; y no descansaremos en nuestra labor de repudio a los funcionarios impuestos hasta tanto ellos no sean electos directamente por los estamentos universitarios.

Tal como lo señala el profesor Luis Aurelio Ordóñez, vicepresidente de FENALPROU, “la autonomía para designar las autoridades académicas y administrativas, específicamente de los rectores, se niega sistemáticamente con mecanismos nada ajenos a prácticas clientelistas y politiqueras, que hacen prevalecer la mayoría gubernamental y de poderes externos, manipulando o desconociendo la voluntad colectiva y democrática de la comunidad universitaria”

4.            Tal como lo dijimos al principio, no juzgamos al actual rector por su recién iniciada gestión, pero su proceso de designación y su propuesta programática se constituye en un trágico presagio. La OCE continuará avante en su programa por la defensa de la educación pública, científica, democrática y de calidad; seguirá siendo guardiana de la dignidad de la UPC; permanecerá firmemente al lado de estudiantes, profesores y trabajadores; conservará las manos vacías para aplaudir los aciertos, y para cerrar y levantar el puño ante las traiciones a los intereses upecistas y nacionales. No renunciaremos jamás a construir una Universidad y una sociedad que valgan la pena.

He ahí nuestra posición.
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domingo, enero 17, 2010

Drummond, el verdadero significado de la Confianza Inversionista.



Enero 17 de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

En la época actual de crisis económica, la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería en el país representó $1716 millones de dólares en el año 2009. En el año 2000 fue de 507 millones de dólares. Entre tanto, el valor proyectado por exportaciones en este renglón es de $ 4567 millones de dólares.[1] En el año 2009 casi 99 de cada 100 pesos de inversión extranjera neta fueron para negocios petroleros o mineros.[2]

La Drummond Company Inc. es el principal referente del saqueo de nuestro carbón. Llegó al país en la década de 1980 y ha pasado de exportar 1 millón de toneladas en 1995 a 22, 9 millones en 2007[3] y, aproximadamente, 30 millones de toneladas en el 2008 en el departamento del Cesar, para un total de aproximadamente 70 millones de toneladas en el Cesar y La Guajira. Controla reservas totales que se cuantifican en 2 mil millones de toneladas de carbón, sin mencionar el resto de riquezas que posea el subsuelo del territorio que controlan.[4]

En el año 2008 efectúo ventas por valor de $ 3.131.399 millones de dólares con una variación a favor del 34.3%, una variación de las utilidades operacionales del 440.2%, y un aumento del 828,6% en utilidades netas[5] ubicándose en el puesto 17 entre las empresas más grandes del país.[6] Ganancias que, obviamente, se trasladan a los Estados Unidos, y que, de ninguna manera redundan en desarrollo para el país.

Pero la Drummond, el baluarte del pillaje imperialista, encabezaría el ranking empresarial en persecución a los obreros e inobservancia de las normas (laxas de por sí) de seguridad industrial, que se ha traducido en un total de 16 trabajadores muertos en las instalaciones de la empresa hasta este año y más de 300 trabajadores lisiados, hombres que no son mayores de 40 años de edad, pero que cuentan con diversas patologías como hernias discales, cervicales, discopatía de columna, insuficiencia renal, problemas de pulmón, alergias, hipoacusia sensorial, etc., producto de la explotación minera en este enclave. En contraprestación, la Drummond, en contradicción con los principios básicos de la dignidad humana, y en contravía de las Convenciones Colectivas, sanciona o despide a estos trabajadores.

El 23 de marzo, ante la muerte del obrero Dagoberto Clavijo se realizó espontáneamente una jornada de protesta por el Derecho a la Vida de los Trabajadores, protesta como derecho que se encuentra consagrado en la Constitución y que difiere claramente de una huelga. A raíz de esto, y en franca actitud antiobrera y con el objetivo de desvertebrar a Sintramienergética, sindicato que se ha opuesto valerosamente a la intransigencia de la empresa, demandó la ilegalidad de la supuesta huelga, concediéndole la razón a la Drummond, en última instancia, la Sentencia 42272 de la Corte Suprema de Justicia.

Con base en esa sentencia se ha iniciado una nueva masacre laboral al interior de la transnacional minera, que se ha traducido, hasta la fecha, en el despido de siete directivos sindicales y cuatro trabajadores de base, además que anunció procesos contra 35 afiliados a Sintramienergética, de los cuales van seis despedidos.

Esta aberrante e indigna situación involucra a todos los sectores sociales que, más que gozar, han sufrido con la explotación del carbón. Hoy la miseria de las zonas carboníferas es sólo equiparable a los atroces índices del continente africano. Las exuberantes ganancias de la Drummond se traducen en mayor iniquidad para el Cesar y para el país. Por lo tanto, es necesario aglutinar a todas aquellas capas de la población que consideran que este estado actual de postración no es eterno y que, más temprano que tarde, de la mano de más del 90% de los colombianos y a través de una lucha civilista y democrática, se erguirá el Estado Colombiano, digno, libre de toda atadura y con la autonomía para recorrer la senda del bienestar para toda su población.



[1] http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3785543
[2] http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6963568.html
[3] http://www.drummondco.com/operations/coal/Colombia.aspx
[4] http://www.drummondco.com/
[5] http://www.semana.com/documents/Doc-1876_200952.pdf
[6] http://www.semana.com/documents/Doc-1878_200952.pdf
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sábado, enero 02, 2010

ECOS DE LA IMPUNIDAD: COLOMBIA, IRAQ Y LOS CONTRATISTAS NORTEAMERICANOS


Enero 2 de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

Rememorando una tragedia.

El 16 de Septiembre de 2007, en la Plaza al-Nisoor de Bagdad (Iraq), mercenarios de la firma Blackwater Worlwide se encontraban escoltando a personal norteamericano, luego, de manera indiscriminada y sanguinaria, abrieron fuego con armas automáticas, rifles de asalto y de francotirador, e incluso lanzagranadas, contra civiles iraquíes,  asesinando, según las fuerzas de seguridad iraquíes a 17 civiles e hiriendo a 27. Dicho informe señala, además, que el 80 por ciento de 195 incidentes con armas de fuego  desde 2005, fue protagonizado por un guardia de Blackwater, quien abrió fuego primero.

El FBI inició una investigación que concluyó que cinco efectivos de Blackwater (Paul Slough de Keller, Texas; Nicholas Slatten de Sparta, Tenn.; Evan Liberty de Rochester, N.H.; Dustin Heard de Maryville, Tenn.; y Donald Ball de West Valley City, Utah)[i] abrieron fuego asesinando a 14 e hiriendo a 20 iraquíes desarmados. El FBI consideró que tres de las muertes eran justificables como respuesta a una “amenaza inminente”.

Inmediatamente el gobierno le retiró la licencia de explotación a esta firma, mientras sólo uno de los mercenarios (Jeremy P. Ridgeway) se declaró culpable, aún cuando el Departamento De Estado, principal contratante de sus servicios, les prometió “inmunidad limitada”.

Debido a esto, Erik Prince (fundador y propietario de la compañía) le cambió el nombre a su firma  por Xe Services LLC[ii] y, posteriormente, fue acusado en cortes norteamericanas por culpa en la muerte de más de 20 ciudadanos iraquíes entre 2005 y 2007. [iii]

El jueves 31 de Diciembre de 2009, el juez federal Ricardo Urbina desestimó los 14 cargos de homicidio y 20 cargos de intento de homicidio que pesaban sobre los mercenarios aduciendo que el Gobierno estadounidense había violado los derechos constitucionales de los imputados, ya que utilizó inapropiadamente sus declaraciones para avanzar más rápido en las investigaciones, cuando estos tenían inmunidad y se les había prometido no utilizar los testimonios en su contra. "En su afán de presentar cargos contra los acusados... El gobierno utilizó las declaraciones obligatorias para guiar sus decisiones sobre los cargos... Y, en definitiva, para obtener la acusación en este caso"[iv] , escribió Urbina en su fallo de 90 folios.

Colombia, contratistas e inmunidad.

Es imposible abstraer este hecho del reciente “ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN DEFENSA Y SEGURIDAD ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”, al acuerdo que le permite instalar siete bases militares a los Estados Unidos en suelo colombiano.

Dicho Acuerdo, en su artículo VIII (Estatus del personal), numeral 1 dice taxativamente “1. De conformidad con los artículos 5 y 11 del Acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, bajo la Convención de Viena.”

¿Y qué dice la Convención de Viena?

 El artículo 31  de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964 reza:

“1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata:

a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.

2. El agente diplomático no está obligado a testificar.

3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.

4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante. “[v]

Colombia, contratistas e inmunidad II.

Sigamos con el abyecto Acuerdo signado por fuera de los cauces legales, ya que no pasó, como es obligatorio, por el Congreso de la República para que sea éste quien lo apruebe o no.

El artículo XII, sobre “Contratación y contratistas” establece que “los Estados Unidos podrán adjudicar contratos para la adquisición de artículos o servicios en Colombia, incluidas las obras de construcción.” Es evidente que aquí entran los servicios de seguridad, o sea, los que prestan firmas como Blackwater. Y, además, sobresale la contratación en obras de construcción, ya que es difícil olvidar que la invasión imperialista a Iraq significó la destrucción de gran parte de la infraestructura de ese país, para luego otorgarle contratos (la mayoría sin licitación) para reconstruir Iraq a la firma Halliburton, de la cual el vicepresidente en el gobierno de George W. Bush, Dick Cheney fuera consejero delegado, y que le significó a enero de 2006 la suma de $16,000 Millones de Dólares.

Para colmo, el artículo XIX, que habla sobre “Reclamaciones” subraya que “cada parte se compromete a asumir los costos par daños, pérdida o destrucción de su respectiva propiedad o por la muerte o lesión del personal militar de sus respectivas fuerzas u otro personal de sus Gobiernos que ocurran en el cumplimiento de tareas oficiales relacionadas con actividades que se desarrollen en el marco del presente Acuerdo, de conformidad con su normatividad respectiva”, agregándole a esto que para ser objeto de indemnización, la querella se tramitará ante las autoridades norteamericanas “de conformidad con las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos.”

Es evidente que este Acuerdo está elaborado a la medida de los intereses norteamericanos, para favorecer su papel dominante en el globo, el cual, en épocas de crisis, debe profundizarse y tomar marcados rasgos bélicos, en detrimento de los derechos de los colombianos, empezando por el principal de todo Estado, su soberanía.

El Estado colombiano será incapaz de proteger a sus nacionales de las tropelías guerreristas e intervencionistas de los Estados Unidos sobre el país y la región, es más, su papel se dirige a proteger la vida, honra y bienes de los funcionarios, contratistas y demás personal de origen norteamericano, en contravía del artículo 2 de la Constitución Política, nada raro en medio de un gobierno tan sumiso a los intereses extranjeros y tan dado a las actuaciones ilegales.

El Acuerdo nada señala sobre el número de gringos en Colombia, sobre lo cual, el canciller Bermúdez y el embajador Brownfield dicen que el número de 800 militares y 600 contratistas establecido como tope en el Plan Colombia se mantendrá, afirmación que carece de veracidad si se lee detenidamente el artículo IV que enuncia claramente que ”las Partes Operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas (personal de los Estados Unidos, contratistas de los Estados Unidos, empleados de los contratistas de los Estados Unidos y observadores aéreos) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas.” O sea, que, como es costumbre, Estados Unidos podrá aumentar el número de asesinos “modelo Blackwater” en nuestro país a su antojo.


Conclusiones sombrías

El Acuerdo de instalación de siete bases gringas en territorio patrio es la mayor afrenta contra la dignidad nacional en su historia, además de constituir una grave amenaza contra su población. Convierte a Colombia, ya de manera abierta y descarada, como peón del Imperio en sus andanzas de subyugación cuyo espectro no sólo llega a Suramérica, sino que se extenderá hasta África. Responde especialmente a las necesidades norteamericanas de garantizar la mayor tasa de ganancia de sus empresas y de asegurar sus inversiones y su estabilidad económica en turbulentas y difíciles épocas de crisis, más aún cuando el Senado norteamericano aprobó un presupuesto de Defensa para la vigencia 2010 por valor de $ 626 mil millones de dólares.[vi]

Nada raro será que en nuestro país se replique el aberrante y triste de caso de Blackwater, con su consabida impunidad. La indignación recorre las venas de los iraquíes. Firas Fadhil Abbas, cuyo hermano, Osama fue asesinado en la plaza al-Nisoor, dijo que "si alguien mata a un perro en Estados Unidos, no escapará al castigo. No entiendo este juicio".[vii]  El abogado Hassan Jabar, herido durante el ataque expresó que  "esto niega la sangre y las vidas iraquíes, si los iraquíes lo hubiesen hecho con los estadounidenses, sin duda los resultados serían diferentes."[viii]

 "Los americanos tienen el poder de hacer lo que quieran" dijo categóricamente Adnan, quien trabaja en las inmediaciones de alta seguridad de la Zona Verde, hogar del gobierno de Iraq.[ix]

Y tiene razón. Inclusive pisotear la soberanía y la dignidad de Colombia y de los colombianos. Esa es la tan cacareada confianza inversionista.



[i] http://www.latimes.com/news/nationworld/la-na-blackwater1-2010jan01,0,1486871,full.story
[ii] http://www.xecompany.com/
[iii] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/28/AR2009082803782.html
[iv] http://www.latimes.com/news/nationworld/la-na-blackwater1-2010jan01,0,1469598.story
[v] http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/ConvencionViena.htm
[vi] http://www.nytimes.com/aponline/2009/12/20/us/politics/AP-US-Congress.html?_r=1&scp=2&sq=defense%20budget&st=cse
[vii] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/01/AR2010010100589_2.html
[viii] http://www.latimes.com/news/nation-and-world/la-fg-iraq-blackwater2-2010jan02,0,99040.story
[ix] http://www.latimes.com/news/nation-and-world/la-fg-iraq-blackwater2-2010jan02,0,99040.story
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lunes, noviembre 02, 2009

LA OCE-UNICESAR SE SOLIDARIZA CON EL SENADOR JORGE ROBLEDO Y CON LOS MILLONES DE COLOMBIANOS AGRAVIADOS


Noviembre de 2009

Con un porcentaje de intriga, otro porcentaje de ficción, y una proporción mayor de ineptitud e ignorancia supina, el senador Jorge Enrique Robledo fue vinculado por la Procuraduría a la investigación denominada “Farc-política” acusado de mantener “presuntos vínculos con grupos ilegales”.

El senador Robledo, perteneciente al Polo Democrático Alternativo, y militante durante toda su vida política en el MOIR, es la expresión más diáfana de un político con principios, que ejerce cabalmente su investidura al servicio de los sectores sociales excluidos y menos favorecidos de este país, un raro espécimen en la política colombiana, especialmente en épocas de profundización de la degradación del Presidente y de las fuerzas que lo rodean.

Al señalar al senador Robledo como militante del MOIR nos parece pertinente traer a colación dos citas de voces externas, además de los innumerables hechos y declaraciones que cualquier ciudadano del común, a excepción del Procurador Alejandro Ordóñez, puede consultar. La primera es extraída del libro  Todo tiempo pasado fue peor, de Álvaro Delgado, que reza así:

“Creo que hay tres cosas por las cuales yo levantaría la mano en señal de aprobación al MOIR: primero, su rechazo claro y consecuente de la lucha armada como forma de lucha en el país; segundo, esa cátedra de propaganda moderna, ágil y eficaz que le dieron a la izquierda, y, por último, su denuncia permanente de que en la URSS no había la tal sociedad socialista que nosotros pregonábamos. Al final ellos y no nosotros tuvieron la razón”. Álvaro Delgado, Todo tiempo pasado fue peor, Ed. La Carreta Social, Bogotá, 2007, pág. 250

Además de lo anterior, lo invitamos a que lean el libro de uno de los ideólogos del uribismo, el doctor José Obdulio Gaviria, titulado Sofismas del terrorismo en Colombia (Planeta, 2005), que en las páginas 19, 20 y 21 le hace el reconocimiento al MOIR de haber sido una de las primeras organizaciones que en Colombia se opuso al alzamiento armado. Creemos que, debido a su política de quema de libros, el Procurador Alejandro Ordóñez envió a la hoguera estos ejemplares antes de llegar a las páginas enunciadas.

Mencionado lo anterior, es evidente el abyecto interés del gobierno de Álvaro Uribe de silenciar a la voz más crítica que ha tenido su gobierno, de cobrarle a través de engaños y mentiras su vehemente y valiente oposición al TLC, a su ruinosa política económica, a los negocios de sus hijos, a su política de empobrecimiento agrario, de privatización de las universidades y colegios públicos, en fin, a su indecente proyecto de Estado servil, antidemocrático e indigno.

Siendo testigos de la integridad absoluta del senador Jorge Robledo, expresamos nuestra voz de rechazo frente a estas y demás aberraciones cometidas por el Presidente y su séquito, a la vez que exigimos su cese definitivo.

SERGIO MUÑOZ                                                                           KEILY DUARTE
Presidente                                                                                      Secretaria

La Organización Colombiana de Estudiantes – Unicesar (OCE-Unicesar) congrega a cientos de estudiantes y egresados de la Universidad Popular del Cesar, además de varias organizaciones estudiantiles, académicas y culturales. En las elecciones internas del año 2008 sus listas obtuvieron cerca de 7054 votos, obteniendo la representación estudiantil del Comité de Bienestar Universitario, Consejo de Facultad de Bellas Artes, Ingenierías y Tecnológicas y todo el Consejo Superior Estudiantil.
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