UN NUEVO FRENTE DE BATALLA.

Abril 21 de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

Diferentes medios de comunicación a escala internacional registraron el ataque terrorista de un joven nigeriano, Umar Farouk Abdulmutallab, a bordo de un avión de la aerolínea Northwest Airlines con rumbo a Detroit, el día de navidad del 2009, atentado que afortunadamente fue fallido.

Pero hubo importantes noticias que los medios de comunicación obviaron.

El padre del joven, Alhaji Umaru Mutallab, prominente banquero, ex ministro de Desarrollo Económico y ex Director del Banco de Nigeria, informó a los funcionarios de la Embajada norteamericana en Nigeria su preocupación sobre el creciente extremismo religioso de su hijo. A raíz de estas declaraciones, el nombre del joven fue insertado en una base de datos de sospechosos terroristas conocida como TIDE, por sus siglas en ingles, la cual registra cerca de 550,000 nombres. Curiosamente, existe otra lista que restringe los vuelos y el acceso a los Estados Unidos, en la cual hay menos de 4,000 de las 550,000 personas sospechosas. Umar Farouk Abdulmutallab no tenía ninguna clase de restricción de ingreso a los Estados Unidos. [1]

La Agencia Nacional de Seguridad, NSA, había interceptado conversaciones telefónicas sobre la planeación del atentado cuatro meses antes de que éste se ejecutara. El presidente Obama excusó lo anterior achacando el error a “fallas humanas y sistémicas”; a su vez, la NSA señaló que se falló en la combinación de la información obtenida con otros datos. [2] Obama, además, declaró que el atentado pudo haberse evitado. “No hubo fallas para recolectar inteligencia, hubo fallas para integrar y entender la inteligencia que ya teníamos” dijo. “"Voy a aceptar que la inteligencia, por su naturaleza es imperfecta, pero es cada vez más claro que la inteligencia no fue plenamente analizada o aprovechada al máximo" remarcó Barack Obama. [3] Además, la Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton fue enfática al señalar que “Yemen es una amenaza para la seguridad global”[4],

¿Cuál es el verdadero interés hacia este empobrecido país de 23 millones de habitantes, una cifra aproximada de 200.000 desplazados, veinte gobernaciones (muhafazah) y una municipalidad?

Su deuda pública ha aumentado del 28,1% del PIB en el año 2008 al 39,6% en el 2009. Su presupuesto se distribuyó en el año 2009 de la siguiente manera: Ingresos: $6,202 mil millones de dólares; Gastos: $9,355 mil millones de dólares. Ha reducido sus importaciones en $2,2 mil millones de dólares, pero ha visto caer sus exportaciones en $3,4 mil millones de dólares. Su deuda externa aumentó $268 millones, para un total de $6245 millones a 31 de diciembre de 2009. 

Yemen recibió $ 67 millones de dólares en ayuda militar en el año 2009 por parte de Washington, un aumento sustancial, teniendo en cuenta que dicha cifra fue de $4.6 millones de dólares en el 2006[5], un aumento de más del 1456%. Se espera que el total de ayuda a Yemen en el 2010 sea del orden de $63 millones de dólares.

Algo definitivo en este viraje hacia Yemen parece ser el descubrimiento de cuantiosas reservas de petróleo estimadas en 3 mil millones de barriles, lo que lo posiciona en el puesto 31 a nivel mundial, a lo que debe añadírsele reservas de gas natural comprobadas en 478.5 mil millones de metros cúbicos, que lo ubica en el escaño 33 en todo el mundo.[6]

Yemen, además, tiene una posición geográfica estratégica, ya que es la puerta de entrada al Mar Rojo, vecino de Arabia Saudita, y con control sobre el Golfo de Adén. Pero lo más significativo parece ser su posición dominante frente al estrecho de Bab el-Mandeb una importante ruta marítima, vecina de ricos pozos petroleros, estrecho por el cual transita cerca del 8% del petróleo mundial.[7] 

Es evidente que esta particular situación es sumamente atractiva para los intereses estadounidenses que, como es habitual, no dudarán un instante en vincular a Yemen a su estrategia global de “Guerra contra el Terrorismo”, con miras a usufructuar para sí las ingentes riquezas descubiertas, y, de esta forma paliar sus colosales necesidades energéticas, a la vez que tendrá muy a raya a Arabia Saudita, primer exportador de petróleo a nivel mundial. Se extiende, así, el frente de batalla imperial.

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[1] http://www.nytimes.com/2009/12/27/us/27terror.html?th&emc=th , http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/25/AR2009122501355.html?sid=ST2009122601151

[2]http://www.nytimes.com/2009/12/31/us/31terror.html?pagewanted=1&_r=1&nl=us&emc=politicsemailema1

[3] http://www.nytimes.com/2010/01/06/us/politics/06obama.html

[4] http://articles.latimes.com/2010/jan/05/world/la-fg-yemen5-2010jan05

[5] http://articles.latimes.com/2010/jan/04/world/la-fg-yemen-embassy4-2010jan04/3

[6] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html

[7] http://www.jornada.unam.mx/2010/01/06/index.php?section=opinion&article=012o1pol

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LA ADMINISTRACIÓN DE LA UPC VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES

Abril 3 de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

El día 27 de enero de 2010, en mi calidad de estudiante activo de la Universidad Popular del Cesar y con la actual investidura de Presidente de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE-Unicesar, interpuse derecho fundamental de petición (Art. 23 Const. Pol.) ante la Universidad Popular del Cesar, dirigido al Rector, representante legal de la Institución, a esa fecha, Cesar Orlando Torres, con el fin de solicitar documentos de carácter publico referentes a “copia del presupuesto para la vigencia 2010…datos referentes a planta de personal docente…costos del valor de la matrícula, planta de personal, número de estudiantes, programas y facultades en los últimos diez años”.

Luego de cumplido el término establecido por la ley (15 días hábiles), y sin obtener respuesta alguna, me vi en la obligación de interponer una acción de tutela el día 25 de marzo de 2010 para que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales a la igualdad, derecho de petición y al debido proceso (Arts. 13, 23 y 29 Const. Pol.).

 

Sobre lo anterior ha señalado la Corte Constitucional: “En ese orden de ideas, para tener derecho a la pronta contestación, no es requisito indispensable que se invoque expresamente el derecho de petición, ni que se mencione el artículo 23 de la Carta Política, ni tampoco que se enumeren las normas del Código Contencioso Administrativo que desarrollan las reglas aplicables. Basta que del escrito correspondiente -o del acta de la exposición verbal, en su caso- pueda extraerse que el deseo de la persona es el de formular una petición, en interés general o particular, para que al asunto se le deba dar el trámite propicio a la satisfacción del indicado derecho fundamental, y para que principien a correr los términos legales para la pronta resolución. Desde luego, también en el entendido de que se generará responsabilidad disciplinaria para los servidores públicos que, so pretexto de no haber encontrado en la solicitud una expresa fórmula sacramental, se abstienen de decidir o lo hacen extemporáneamente.” [1](Negrillas en este texto).

Cabe resaltar que, tal y como lo sostiene la Corte Constitucional, es obligación del funcionario competente darle, no sólo trámite, sino respuesta de fondo a la solicitud, y en caso de no hacerlo, el funcionario incurre en causal de mala conducta y podría llegar a ser destituido de su cargo, e incluso ser acusado de cometer un delito: “Por el contrario, quien es reconvenido por el juez de tutela, aunque ésta no se otorgue en razón de la carencia actual de objeto de la orden, tiene una sentencia judicial en su contra, previo proceso en el cual se ha demostrado que por su acción u omisión se generó el daño o se produjo la amenaza de derechos fundamentales. Por tanto, de una parte, debe responder, con arreglo al sistema jurídico vigente y según la magnitud de la conducta que le sea imputable, tal como resulta del artículo 6 de la Constitución Política.”[2]

¿Y qué nos dice la Corte sobre el contenido del derecho de petición y la obligación de la autoridad pública? Veamos:  “En numerosas oportunidades, diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han señalado, con toda claridad, que el derecho de petición no agota su contenido en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, sino que, adicionalmente, implica la obtención de una resolución que, según los términos de la Carta, debe ser pronta.”

“De ahí que la autoridad pública incumple con sus obligaciones cuando se limita a expedir constancias de que la solicitud fue recibida o radicada y, más aún, cuando demora más allá del término previsto o razonable la decisión del asunto sometido a su consideración o guarda absoluto silencio sobre el trámite y la respuesta producida.”[3]

Por lo tanto es injustificable e inaceptable la negativa de la Universidad, en cabeza de su actual rector, Raúl Maya, a proveer dichos documentos, de carácter público. Consideramos que la comunidad universitaria tiene derecho a conocer la situación real de la Universidad, la cual no es indiferente a la generalizada crisis universitaria, y dichos elementos son la base para el ejercicio de acciones concretas en pro de la defensa y la edificación de universidades verdaderamente públicas, accesibles a todos los habitantes del suelo patrio, con alto contenido investigativo y pedagógico, financiadas por el Estado, científicas y de calidad, y con verdadera democracia, en fin, universidades en las que los derechos fundamentales no se vean conculcados, como es hoy el caso de la UPC.

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[1] Sentencia T-021 de 1998, Corte Constitucional.

[2] Sentencia T-555 de  noviembre 5 de 1997, Corte Constitucional.

[3] Sentencia No. T-553 de 1994, Corte Constitucional.

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ASPU: IMPRESCINDIBLE ALIADO.

Abril 1 de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

Sea este el momento oportuno para saludar efusivamente a ASPU, asociación insigne de los profesores universitarios que, desde su nacimiento en la Universidad Nacional, y reconocida legalmente en el año de 1966, ha propugnado con vehemencia, al igual que nosotros, por los principios consignados en el Manifiesto de Córdoba, ampliados, actualizados, y hoy sintetizados en unos ejes fundamentales, cuales son la defensa de la educación pública, científica, en medio de un ambiente democrático, con altos índices de calidad y al servicio del desarrollo de la nación.

Hoy, en medio de los actuales y profundos momentos de crisis económica, financiera, política y social, ASPU se ha erigido como un baluarte esencial de la resistencia democrática y civilista que diversos sectores sociales, especialmente la comunidad educativa a distinto nivel, ha ejercido activamente contra las actuales políticas retardatarias que tanto daño le han hecho a nuestro país.

En el caso de las universidades estatales, en este momento sopesan un déficit de aproximadamente $600,000 millones de pesos; el recorte a las transferencias del Gobierno Central de $1,73 billones de pesos en el año 2000 a $1,67 billones en el 2009; además, las universidades, a través de los convenios de concurrencia, han sido obligadas a asumir el pago del pasivo pensional, lo que las ha llevado a que se acojan (como la Universidad del Atlántico) a la ley 550, o de quiebras. Esto derivó en un portentoso Movimiento Universitario Multiestamentario sin precedentes, movilizándose continuamente, pronunciándose con frecuencia, y colmando en repetidas ocasiones la inmensa Plaza de Bolívar en Bogotá.

A pesar de la magnífica actividad desplegada por dicho Movimiento la crisis no ha menguado y las respuestas emitidas por el gobierno de Álvaro Uribe no ofrecen ningún tipo de solución.

Del escenario anterior no es ajena nuestra entrañable Universidad Popular del Cesar. Su exiguo presupuesto en el año 2009  de $38.370.531.643, de los que cerca del 53% (20.093.033.071) son rentas o recursos propios y de ellos $15.342.372.843 provienen del cobro de la matrícula de pregrado. La Nación sólo transfiere  $ 18.277.498.572 (al año 2010 la transferencia estatal se estima en $20.059.400.000), siendo este el problema esencial de la UPC (le siguen la cuestión de la democracia y la calidad académica).

Desglosando el presupuesto de gastos de la UPC del 2009, nos encontramos con que $35.493.397.731 figuran como Gastos de Funcionamiento, pero lo anterior no ha redundado en condiciones dignas para su profesorado, sea de planta, provisional, catedrático u ocasional, sino en una abultada e ineficiente nómina que coadyuva, junto a las políticas gubernamentales, al desangre de la Institución.

La UPC cuenta hoy con los índices más bajos de docentes de carrera, 83, contra 443 catedráticos, con el agravante que la mayoría de docentes están próximos a su jubilación y no se vislumbra relevo alguno.

Dentro de los casos a resaltar, observamos que las transferencias estatales a algunas universidades serán de la siguiente manera en el año 2010: Universidad de la Guajira, $12.650.500.000; Universidad de Sucre, $12.235.700.000; Universidad Del Magdalena, $32.629.600.000; Universidad del Tolima, $30.836.600.000; Universidad de Pamplona, $22.939.500.000; Universidad del Quindío, $37.129.100.000; Universidad de la Amazonía, $17.407.300.000., por señalar algunos casos. Pero más preocupante aún son las astronómicas cifras a que son obligadas a pagar las Universidades Públicas por concepto de la concurrencia en el pago del pasivo pensional, a saber: Universidad Nacional de Colombia, $146.313.600.000; Universidad del Cauca, $15.477.000.000; Universidad de Caldas, $14.378.300.000; Universidad de Córdoba, $24.785.500.000; Universidad Tecnológica del Choco, $1.389.700.000; Universidad Tecnológica de Pereira, $12.377.200.000; lo cual nos da un total aproximado de $214.721.400.000, cifra escandalosa y ruin.

A lo anterior le debemos sumar la propuesta de reforma a la ley 30 que profundiza la privatización de las universidades, a través de mecanismos como la autofinanciación, los subsidios a la demanda y el menoscabo a la Autonomía Universitaria, experimentos ensayados ya, con fatídicas consecuencias.

Estos y otros problemas, que por la brevedad del espacio no toco, son los que nos motivan a continuar activamente en la lucha por la defensa de la educación, la población expoliada, en general, y por la dignidad de nuestro país. Y esa misma actividad, hoy, nos genera la responsabilidad de asumir la primera posición en la línea de combate por salvaguardar estos honorables principios.

La loable labor de educador es el motor para la construcción del desarrollo autónomo de nuestro país, para la edificación de unos nuevos cimientos, verdaderamente democráticos,  por eso, y con la plena convicción de seguir en la brega por la causa que durante décadas y conjuntamente hemos defendido, extendemos un afectuoso saludo y un caluroso abrazo a ustedes, miembros distinguidos de la prestigiosa ASPU.

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