jueves, octubre 28, 2010

REGALÍAS Y EDUCACIÓN



Octubre 28 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven

Juan Manuel Santos, como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, gestó el primer raponazo a municipios y departamentos en el siglo XXI. Fue en el año 2001 cuando se dio el primer recorte a las transferencias territoriales por un total de 27 billones de pesos a través del Acto Legislativo 01 de 2001. Esto se repitió en el año 2007 por medio del Acto Legislativo 04 de 2007, que recortará las transferencias hasta el año 2016 por un monto estimado en más de $50 billones de pesos. Los recortes se dieron con el único fin de satisfacer los intereses extranjeros, abonando gran parte de estos recursos para el pago del servicio de la deuda externa, la cual, paradójicamente, no disminuye, sino que aumenta día a día y hoy se contabiliza en US$54.946 millones.

La educación fue uno de los sectores más golpeados con estos recortes, los cuales significaron una palada de arena más en la sepultura definitiva de una educación pública y de calidad.

No contentos con lo anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos planea un nuevo despojo a los entes territoriales por la vía de arrebatarles el control sobre los recursos de las regalías. A través de un proyecto de Acto Legislativo (013 de 2010), busca modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución Política para excluir a departamentos, municipios y puertos marítimos y fluviales del usufructo de los recursos de las regalías. Este rubro, del que serán expropiadas las regiones, no integrará el Presupuesto General de la Nación, y por ende el Congreso de la República no podrá ordenar su gasto. Este dinero será utilizado al antojo del Gobierno Central, especialmente para paliar el déficit fiscal, fruto de la “Confianza Inversionista”.

En el año 2009, en el departamento del Cesar, con dineros de las regalías, se invirtieron $7.269 millones de pesos en educación; a junio del 2010 esa cifra asciende a $4.056 millones de pesos. Además de lo anterior, a través de la Ordenanza 005 de abril de 2008, la Asamblea Departamental creó el Fondo Educativo Departamental para la Educación Superior “Fedes-Cesar”, con el objeto de “brindar apoyo a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para adelantar estudios formales de educación superior de pregrado en los niveles: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para estudiantes matriculados en instituciones oficiales que oferten programas para cursar en el Departamento del Cesar”.

A través de “Fedes-Cesar” se otorgan subsidios a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 por un 70%, 60% y 50% del valor total de la matrícula, respectivamente, y créditos a los estratos 4, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos destacado rendimiento académico. Desde el 2008 hasta el primer semestre del 2010 se han adjudicado más de 25 mil becas entre las instituciones públicas de educación superior como son la UPC, la UIS, la UNAD, la ESAP, la Universidad de Pamplona y la Universidad de Magdalena. Para este año se han invertido cerca de $6.700 millones derivados de regalías del carbón para financiar “Fedes-Cesar”, siendo ésta su única fuente de financiación. Se prevé que para el 2011 se adjudicarán 14 mil becas anuales con una inversión de $7 mil millones de pesos.

Queda claro que de cristalizarse este raponazo, no sólo desaparecerá “Fedes-Cesar”, sino también el resto de renglones de inversión. Esta será la estocada definitiva contra departamentos y municipios. Después sólo nos quedarán los socavones y el fuerte impacto ambiental y social.

Por lo tanto, sólo nos queda luchar, enfrentarnos de forma civilizada, pero abierta y directa frente a esta nueva intentona del gobierno contra departamentos y municipios. Tengan la plena seguridad que todos, unidos y organizados, derrotaremos tan viles pretensiones.


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miércoles, octubre 20, 2010

BASES GRINGAS EN COLOMBIA: “YES, WE CAN”




Octubre 20 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven


Recientemente fue dada a conocer la noticia en la cual el subsecretario de Defensa de EE.UU., Frank Mora, declara que el  “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, más conocido por autorizar la instalación de siete bases militares norteamericanas en suelo patrio, aún es importante para el gobierno de los Estados Unidos, ya que, según él “institucionaliza la relación en temas de defensa entre ambos países.”[1] Y añade “Es cierto que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo, pero una parte importante de una relación que se sigue fortaleciendo, es formalizarla. Eso, además, le da más transparencia. Es un paso importante para la relación bilateral”.[2]

Estas declaraciones coinciden con las entregadas a mediados de agosto por el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. Crowley señaló que la administración Obama espera que el gobierno de Juan Manuel Santos  "tome los pasos apropiados para asegurar que se pueda preservar el acuerdo bilateral".[3]

La Corte Constitucional de Colombia declaró que el acuerdo en mención “no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política”. [4] A ojos de la Corte es claro que el manido argumento de la mera extensión de acuerdos ya celebrados es totalmente falso. Por eso fundamenta que “examinado el Acuerdo Complementario, la Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como tratado internacional, esto es, sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional”.[5] A través de estos argumentos, y por amplia mayoría, por medio del auto 288 de 2010, cuyo magistrado ponente fue Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte resolvió declarar la inexistencia del precitado acuerdo.

Es notorio el profundo deterioro del papel predominante de USA como potencia. Actualmente atraviesa la más grave crisis financiera de su historia, que ha arrasado con un significativo número de puestos de trabajo, ha aumentado el déficit fiscal y comercial y ha llevado a que el gobierno gaste cuantiosas sumas de dinero en dudosos “planes de salvamento” que han sido cargados en los hombros de los norteamericanos más pobres. Por esto el 81% de los norteamericanos cree que la economía va mal, de estos, el 53% culpa a Bush, el 33% a Obama, y el resto considera que ambos tienen la culpa.[6]

Además de lo anterior, sostiene guerras por doquier en el globo, las cuales se han constituido en sonoros fracasos, como es el caso de Afganistán (“la tumba de los Imperios”) en dónde los talibanes controlan más del 75% del territorio y poseen mayor experiencia y capacidad militar.[7] A lo cual se le debe sumar las más de 800 bases militares de su propiedad que sostiene por todo el mundo con claros fines intervencionistas y, lógicamente, en detrimento de la soberanía territorial y militar de los Estados respectivos.

¿Por qué Estados Unidos persiste en instalar siete bases militares en nuestro territorio a pesar de todos sus descalabros? Aurelio Suárez, en su libro “Confianza inversionista. Economía colombiana, primera década del siglo XXI” explica que el Departamento de Estado de Estados Unidos, so pretexto del Plan Colombia, había celebrado contratos a junio de 2003 por un monto de $150 millones de dólares. También demuestra el autor en su obra que al Plan Colombia USA sólo aportó el 11% de los $58 mil millones de dólares entre 1999 y 2008, mientras que Colombia asumió el 89% restante.

Estados Unidos centra más del 80% de su PIB en el complejo militar industrial. Es por esto que al profundizar y generar nuevos conflictos a escala global busca paliar su crisis financiera dinamizando este componente. Al depender de esta explosiva fórmula, a la que debe sumársele la constante devaluación de su moneda, podemos avizorar que será insostenible y producirá resultados totalmente contraproducentes para USA en el mediano plazo. Se colige claramente que Estados Unidos es un país débil estratégicamente, agónico en sus entrañas. Su era de tropelías y dominación está próxima a derrumbarse.




[2] Ibídem.

[4] Corte Constitucional de Colombia, Comunicado No. 40, 17 de agosto de 2010.

[5] Ibídem.

[6] Tomado de CNN en español.

[7] http://www.eltiempo.com/mundo/asia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8093620.html
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martes, octubre 12, 2010

UPC SIN IPS



Octubre 12 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven


La Universidad Popular del Cesar, UPC, es la única universidad pública del orden nacional, de carácter presencial, con asiento en el Cesar. Es la primera institución de educación superior del departamento. Cuenta con 6 facultades, 13.211 estudiantes matriculados en pregrado, 224 empleados de planta, 704 docentes y aproximadamente $39 mil millones de pesos en su presupuesto.

Dentro de las 6 facultades se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud, que ofrece los programas de Enfermería, Microbiología e Instrumentación Quirúrgica. El programa de Enfermería fue galardonado por el gobierno de Colombia en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1655 de agosto 25 de 1999, y se le confirió la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” en Bogotá, el 9 de diciembre de 2.009.

En la sede Campus Universitario, ubicada en el barrio Sabanas de Valledupar, reciben clases la inmensa mayoría de estudiantes upecistas. Esta sede cuenta con una IPS que ofrece servicios de odontología y medicina general, además de contar con áreas especiales para que los estudiantes de la facultad realicen sus prácticas.

El día 13 de septiembre, entre las 5 y las 6 de la tarde, la estudiante Nadia Granados, de 19 años, quien cursaba Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, se encontraba en el Campus Universitario recibiendo su clase de Pedagogía. En medio de las clases la estudiante sufre un infarto. Inmediatamente es trasladada a la IPS, pero ¡oh sorpresa! en la IPS de la UPC sede Sabanas no había ni hay los implementos necesarios para atender esta clase de emergencias. Se procedió a realizar los masajes de reanimación cardio-pulmonar, pero fueron insuficientes. La ambulancia que se llamó nunca apareció. Tristemente, la estudiante fallece poco más tarde en un centro médico cercano a la UPC.

Si la IPS hubiese contado con implementos tan indispensables como una bala de oxígeno, ambú (balón autoinflable provisto de mascarilla que se utiliza en asistencia respiratoria), tubos endotraqueales, laringoscopio, un equipo de reanimación cardiaca, un equipo macrogoteo y especialmente un carro de paro, que contiene medicamentos esenciales para la estabilización del paciente mientras es remitido a un centro médico, otro hubiese sido el desenlace.

Lo anterior nos demuestra que la IPS es simplemente un “elefante blanco”, un espejismo, un centro que no cuenta con los elementos necesarios para cumplir con su misión esencial, cual es preservar la vida e integridad de la comunidad universitaria, y para colmo, el personal y sus instalaciones no están disponibles la totalidad de las horas académicas diarias (6 a.m.-10 p.m.). Esta IPS tiene como única finalidad real la misma que la nefasta ley 100 de 1993, la misma ley que instauró los tristemente célebres “paseos de la muerte”: satisfacer los intereses corporativos y financieros a costa de la salud y vida de los colombianos.

Irónicamente, una nota en la página web institucional de la UPC reza: “Los estudiantes son la razón de ser de la Universidad Popular del Cesar”. Los hechos demuestran todo lo contrario. Además de esto, para el año 2009, fueron proyectados y aprobados 20 millones de pesos del presupuesto general de la Universidad para la IPS.

Frente a esta tragedia, la cual jamás debe repetirse, y parafraseando al médico Mario Hernández en nuestros fenómenos sociales, tan complejos, las posibilidades de cambiar resultan de los consensos, de aquellos puntos de encuentro en que la gente empieza a pensar que puede ser de otra manera, idea que se expande, se contagia y entonces los grandes cambios se producen a través de la acción colectiva”. Tomemos cartas en el asunto, nuestro derecho a la vida debe ser inviolable.
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miércoles, octubre 06, 2010

UPC: LA UNIVERSIDAD DEL OLVIDO



Octubre 6 de 2010

Sergio Muñoz, presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.


Conocido es el proyecto del gobernador del Cesar, Cristian Moreno, de construir una sede de la Universidad Nacional en el departamento del Cesar. Dicha sede sería la número ocho de esta prestigiosa Alma Mater y la primera que se instalaría en el Caribe Colombiano. Específicamente, según el concepto técnico emitido por arquitectos de la Universidad Nacional, se avaló la compra de dos predios ubicados en inmediaciones del municipio de La Paz y que a su vez garantizan el fluido de los servicios públicos[1]. Dichos lotes suman 50 hectáreas y cuentan con la característica de ubicarse en zona de frontera Cesar-Guajira.

La Gobernación del Cesar suscribió para tal fin un convenio de cooperación con la Universidad Nacional por $244 millones de pesos, que debe concluir en la apertura de la sede.[2] De igual forma, la Asamblea Departamental del Cesar autorizó la compra de los lotes, pero la Gobernación dejó vencer los términos y solicitó una ampliación a la Duma, solicitud declarada improcedente y que exigía a la Gobernación presentar un nuevo proyecto de ordenanza.[3] La Oficina Jurídica de la Gobernación emite después un concepto en el cual se expresa que la autorización de la Asamblea Departamental para la compra de los lotes no es requerida y por lo tanto es factible continuar con el procedimiento de compra.[4]

En el último Comité de Priorización Presupuestal de la Gobernación se le dio cabida a la adquisición de un inmueble para la sede de la Universidad Nacional de Colombia, por $1.750 millones de pesos.[5] La Gobernación ha dejado en claro que la construcción de las edificaciones correrá por cuenta de la Universidad Nacional.[6]

Para nadie puede resultar molesto que a nuestra región llegue un número considerable y cada vez mayor de instituciones de educación superior. Es más, esto fomentaría el desarrollo regional y nacional, siempre y cuando se cumpla con unos estrictos parámetros de calidad y adecuada financiación estatal, parámetros que de ninguna manera se corresponden con los implementados por la “Revolución Educativa” de Uribe Vélez y que sin duda continuará Juan Manuel Santos. Los parámetros de la “Revolución Educativa” se basan en la progresiva desfinanciación de la educación superior, en el fortalecimiento del “subsidio a la demanda” y en la “educación para el trabajo”, profundizando la enseñanza de “competencias”, propias del nocivo “constructivismo” pedagógico.

En ese orden de ideas resulta poco acertado señalar que “la Nacional no será competencia de la UPC”[7], pero por la gran brecha entre las dos universidades, imposible de zanjar si continuamos con la misma hoja de ruta que nos ha llevado a esta caótica situación. Sólo en el aspecto de aportes del Estado a las universidades para la vigencia 2010, la Nacional recibió más de un $644 mil millones de pesos, mientras que la UPC casi no logra superar los $20 mil millones. No creemos conveniente hacer la medición con base en otros indicadores, ya que las abismales diferencias serían aún más evidentes.

Sobre el crucial punto de financiación (de la Nacional, aclaramos), señaló el gobernador del Cesar, Cristian Moreno: “Nosotros necesitamos que se respalde el proyecto de ley que transita en el Congreso, con el que se le generarían unos recursos excepcionales a la Universidad Nacional, para hacer viable y sostenible la presencia en el Caribe colombiano, en la zona de frontera. Pedimos el respaldo no solo de los congresistas, sino del Ministerio”[8]. Ojalá con el mismo énfasis y vigor se luchara por conseguir recursos para la UPC, una universidad olvidada por el Estado, peor aún, olvidada por el Cesar, por sus dirigentes y por los mismos cesarenses.

Es por esto que se convierte en un imperativo de todos el organizarnos para constituir una UPC verdaderamente pública, con altísimos índices de calidad, donde se respire un ambiente democrático real, y sobre todo financiada en su totalidad por el único competente para ello: el Estado. Y así, en igualdad de condiciones, no sólo de estas dos universidades, sino de todas en el país, podremos decir tranquilos “bienvenida la Universidad Nacional”.




[1] http://gobcesar.gov.co/articulo.aspx?idc=356
[2] http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PLANTILLA_PRINTER_FRIENDL-6699187.html
[3] http://www.elpaisvallenato.com/html/noticias/2010/junio/23/sededelainiversidad.html
[4] http://www.elpaisvallenato.com/html/noticias/2010/agosto/17/5804497conconceptojuridico.html
[5] http://gobcesar.gov.co/articulo.aspx?idc=488
[6] http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6699187.html
[7] http://www.elpilon.com.co/inicio/%E2%80%9Cla-nacional-no-sera-competencia-de-la-upc%E2%80%9D-raul-maya/
[8] http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/el-cesar-pide-respaldo-para-sede-de-la-un/
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