¡POR LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS!

11 de Septiembre de 2010

Sergio Muñoz – Presidente OCE-Unicesar, Miembro de la Dirección Nacional del Polo Joven.

Las regalías corresponden a la ínfima compensación que pagan las multinacionales por explotar y apropiarse de nuestros recursos naturales no renovables. Las regiones en las cuales se explotan estos recursos de minerales e hidrocarburos están expuestas de manera directa a la contaminación ambiental, las enfermedades, el desplazamiento territorial y otras más, cuyos daños superan los valores girados por este concepto. Las regalías han representado $6,2 billones de pesos anuales en los últimos tres años, y $42,1 billones de pesos en los últimos 15 años, contando las directas y las indirectas. Cabe aclarar que el 80% de las regalías generadas en el país corresponden al petróleo.

El Cesar percibe regalías por la explotación carbonífera, hoy en manos, principalmente, de las trasnacionales Drummond y Glencore. Al Cesar estas multinacionales le pagan la irrisoria suma de 7% en promedio por concepto de regalías. El impacto social de la explotación carbonífera es evidente, mientras que el grueso de las utilidades mineras es remitido al exterior.

El Estado no sólo no le hace auditorías a las multinacionales, sino que las exime de pagar numerosos impuestos. Por ejemplo, por inversión en activos fijos las multinacionales son exentas del pago del impuesto de renta, suma que asciende a $4 billones de pesos, y representa nada menos que el 75% del total de las regalías ($5,3 billones). Es un claro ejemplo de “confianza inversionista”: inmensas gabelas y utilidades para las multinacionales y miseria para los colombianos.

El Acto Legislativo 13 de 2010, presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, no elimina el problema, sino que lo profundiza al pretender entregar el control del ciento por ciento de las regalías al Gobierno central. Le suma a ello el despropósito de que el dinero proveniente de las regalías no integrará el Presupuesto General de la Nación, por lo que el Congreso de la República no podrá ordenar su gasto y distribución.

La Constitución Política de 1991 determinó, en su artículo 360, que los departamentos y municipios en los cuales se lleve a cabo la explotación de recursos naturales no renovables, al ser los principales afectados, participarán de las regalías y compensaciones.

La actual propuesta de Acto Legislativo pretende despojar a departamentos y municipios del derecho de participar de las regalías so pretexto de la corrupción y el despilfarro. Es una irresponsabilidad que se tilde de corruptas a las regiones, se asevere que los recursos de regalías son robados en municipios y departamentos, y a la vez se promueva la reelección de alcaldes y gobernadores. Rechazamos cualquier acto de corrupción y al mismo tiempo recordamos que son las instancias judiciales las competentes para abordar cada caso particular. No podemos olvidar la corrupción en el nivel central, con la que se aprobó el referendo reeleccionista, se robó Agro Ingreso Seguro, se chuzó a la oposición y a las altas Cortes, y que además evidencia cuentas pendientes por concepto de regalías que ascienden a $8 billones de pesos.

De concretarse esta nefasta propuesta, el impacto sobre el Cesar sería notable. Entre el 2008 y el 2010 se ha invertido $79,416 millones de pesos en educación que garantiza alimentación escolar, material educativo, adecuación de las escuelas, auxilio de transporte, entre otras, y una inversión total en los diferentes sectores por $397,870 millones. Hoy, a través de la ordenanza 005 de 2008 y de diversos convenios interinstitucionales se han beneficiado con subsidios y becas 35,139 estudiantes de las 6 universidades públicas con asiento en el departamento, inversión que en el período 2008-2010 asciende a $9,993 millones. Sobra decir que de concretarse el Acto Legislativo 13 de 2010 todo esto nos será arrebatado.

El propósito final del Gobierno es tapar el enorme hueco fiscal generado por las excesivas gabelas tributarias al gran capital, estimadas en $8 billones de pesos, y además el sustento del pago de la deuda externa. Llamamos por lo tanto a todos los sectores de la sociedad a unirse, organizarse y batallar por la defensa de nuestros recursos, tomando como punto principal el derecho que tenemos todos los colombianos, y no las multinacionales, de percibir el mayor porcentaje de las ganancias por la explotación de nuestros recursos naturales. Esta no es una discusión entre pillos y honrados. Es una discusión entre quienes defendemos el interés nacional y los que se pliegan al interés del capital financiero. Prolongada, pero necesaria será la contienda. Nuestra dignidad está en juego. ¡Defendámosla!